Con la asunción de la Alianza Cambiemos en nuestro país se implementó una política regresiva en materia de Derechos Humanos y de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Este giro promovido por los/as funcionarios/as del Gobierno Nacional ha sido un tema recurrente en la agenda pública, así como objeto de profundas críticas por parte de la oposición social, política, sindical, cultural, como también de los Organismos y consultores internacionales. A estos retrocesos se le agregan las acciones represivas en manifestaciones sociales, los/as presos/as por razones políticas que se encuentran privados/as de su libertad sin el debido proceso y la proliferación de casos de violencia institucional habilitado por la consagración de una nueva doctrina de ordenamiento de las Fuerzas de Seguridad.

En este preocupante escenario, desde el Instituto de Pensamiento para la Justicia Social, nos propusimos repasar las medidas y los posicionamientos del Poder Ejecutivo Nacional y analizar el impacto de las mismas sobre el proceso de juzgamiento a los genocidas, la reparación a las víctimas de la última dictadura y la sociedad en su conjunto.

 

La construcción de sentido

Como punto de partida de esta revisión crítica, es preciso señalar que una de las primeras medidas del Ejecutivo Nacional fue el intento de mover el feriado del Día de la Memoria. Posteriormente, el Máximo Tribunal de Justicia quiso conceder un beneficio extraordinario a los responsables de los crímenes más aberrantes de nuestra historia por medio del fallo conocido como “2×1”. Esta pretensión de otorgar impunidad fue revertida gracias a la fenomenal movilización social que, a su vez, expuso la condición bochornosa de la justicia argentina. En tercer lugar, los principales funcionarios nacionales ensayaron discursos negacionistas sobre el período 1976-1983 con la pretensión de construir un contexto político que abone a este retroceso, rediscutir la historia reciente y generar una presión sobre todos los poderes de la república, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.

Asimismo, el Gobierno Nacional redujo el presupuesto de los programas vinculados a los Derechos Humanos: de $734 millones en 2016 a $ 643 millones en 2017.

Más aún, se achicaron las transferencias de recursos a municipios y provincias para la señalización de ex centros clandestinos de detención y/o sitios de la memoria. También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que la Argentina, siendo país miembro, recortó sus aportes al organismo internacional. En las últimas semanas, este panorama se agravó al trascender que el Gobierno Nacional pretende otorgar prisión domiciliaria a más de 90 genocidas, entre ellos Alfredo Astiz uno de los criminales más terroríficos de la dictadura Por último, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación informó que este año no se realizará ningún acto oficial por el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia argumentando que “debe fluir la expresión de todos los sectores”.

El conjunto de estas medidas son expresión de la política de desmemoria e impunidad que el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo de la Alianza Cambiemos, busca instalar en nuestro país, prescribiendo discursos, posicionamientos y acciones sobre los demás poderes de la república, los medios de comunicación y la sociedad civil en su conjunto.

 

El impacto sobre los juicios

Este entramado de políticas tiene una profunda injerencia en el proceso de juzgamiento a los acusados de crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar en dos sentidos. Por un lado, la dilación de los juicios y la lenta marcha de la justicia. Por el otro, el crecimiento de los imputados en libertad y de los condenados con el beneficio extraordinario de la prisión domiciliaria.

Sobre el primer punto, al analizar el último informe realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad surge que en la actualidad hay 593 causas en trámite en todo el país en las que están siendo investigados 2.979 imputados. Entre estas causas, tan sólo 17 (3%) se encuentran en etapa de juicio; 278 (47%) se encuentran en etapa de instrucción ante Juzgados Federales; 200 (33%) tienen sentencia y, de ellas, 135 transitan alguna instancia de revisión; y 98 (17%) están elevadas a juicio pero sin fecha de inicio.

Esto resulta preocupante porque cada año se realizan -en promedio- 25 juicios. Esta cifra resulta irrisoria y da lugar a que se acumulen causas en esta instancia, generando un cuello de botella y, fundamentalmente, demora la consagración de la justicia para las víctimas y sus familiares tras 42 años de lucha.

En relación al segundo punto, en los últimos dos años y medio se registró un aumento significativo de los imputados que tramitan el proceso en libertad por encima de los que se encuentran en prisión efectiva: el 44% está libre; el 35% está detenido -tanto en prisión efectiva como en domiciliaria-; el 20% falleció -de los 599, sólo 100 murieron con condena lo cual trae aparejado la llamada “impunidad biológica”-; y el 1% está prófugo de la justicia.

 

 

De hecho, al analizar el periodo 2015-2017 se observa que en marzo de 2015 había 970 imputados en prisión y 628 libres; en diciembre de ese mismo año, 1.070 en prisión y 791 libres; en marzo de 2016, 1.065 en prisión y 909 libres; en diciembre se revierte la regla: 1.052 en prisión y 1.141 libres; en marzo del 2017, 1.044 presos y 1.149 libres; y por último, en diciembre pasado 1.038 en prisión y 1.305 libres.

 

 

Lo mismo en relación a la tendencia alcista, constante y paulatina, de los otorgamientos del beneficio extraordinario de la prisión domiciliaria a los genocidas: en 2015 había 439 arrestos domiciliarios, 603 en dependencias del servicio penitenciario y 28 en distintos alojamientos militares; en 2016 había 519 domiciliarios, 460 en dependencias penitenciarias y 67 en otros alojamientos militares; por último, en 2017 hubo 549 prisiones domiciliarias, 435 en dependencias del servicio penitenciario y 54 en distintos alojamientos militares.

Es decir que en dos años, las prisiones domiciliarias pasaron a representar el 52,8% de los casos siendo detenciones sobre las que el control es muy deficitario.

 

No menos relevante es el hecho de que la mayoría de los arrestos en alojamientos militares se cumplen en la Unidad 34 de Campo de Mayo, sindicada por ser una prisión VIP para genocidas (son la única población carcelaria en esa dependencia) e investigada como Centro Clandestino de Detención y Tortura.

En este punto, a la luz de estas cifras, resulta ineludible señalar el impacto que genera la libertad de los imputados -muchos de ellos procesados y hasta con juicios en trámite o por tramitar- en las víctimas, familiares y/o testigos de los crímenes de lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La indiferencia, la negación y la desprotección propiciada desde el Poder Ejecutivo Nacional es de una gravedad inusitada ya que los deja en una situación de completa vulnerabilidad ante sus verdugos.

 

El panorama local

La ciudad de La Plata no está exenta de los problemas que hemos señalado. En la actualidad hay siete mega causas esperando que se fijen fechas de inicio. Entre ellas, hay algunas que fueron elevadas en el año 2011 como es el caso del Pozo de Banfield (elevada en 3 tramos diferentes que se unificaron), pero que señalan las graves demoras de la justicia. En ellas hay un universo de víctimas y de testigos que hacen pensar que llevarían al menos un año de debate, sobre todo si se considera el ritmo de audiencias que se desarrolló en el último juicio contra la CNU La Plata. Este panorama se agrava en tanto que esas siete causas se tramitan ante el mismo Tribunal Oral, el cual desde la salida forzada de su Presidente, Carlos Rozanski, ha quedado sin ningún juez titular y compuesto por tres subrogantes que no actúan con la celeridad que estos casos requieren.

 

42 años de anhelo por Memoria, Verdad y Justicia

En vísperas del aniversario número 42 del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se ha vuelto evidente que lo que era una política de Estado firme y consolidada se ha desarmado en manos de un Gobierno Nacional que atenta sistemáticamente contra las políticas de Derechos Humanos. Además de promover este retroceso, intenta disputar la “construcción de sentido” creando un clima de época adverso a la lucha incansable de las víctimas, familiares y testigos de los crímenes de lesa Humanidad. Más aún, la pretensión de instaurar discursos negacionistas se combina con recortes en las políticas dirigidas a la construcción de Sitios y Espacios de Memoria, con la edificación de parques nacionales en lugares que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención -como es el caso de Campo de Mayo-, con la persecución a los jueces más comprometidos en los procesos de juzgamiento a los represores -como es el caso de Rafecas y Rozanski-, con las reiteradas operaciones para que la justicia ponga trabas en los procesos judiciales, con las designaciones de jueces por decreto – que terminan votando a favor de la desmemoria (Rosatti y Rosenkrantz)-, y con los intentos por otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria a más de 96 genocidas.

Con el proceso político que se abrió en el 2003, que dio por tierra con las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Argentina pasó a ser ejemplo en la región y el mundo por la voluntad política de avanzar en el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa Humanidad y atender las postergadas demandas de los organismos de Derechos Humanos.

Todos los avances en este sentido redundaron en un ejercicio democrático voluminoso y potente de la sociedad civil en su conjunto. Sin embargo, el lamentable retroceso que se inició hace dos años y medio, exige que redoblemos nuestros esfuerzos para reivindicar la lucha de los/as 30.000, el reclamo de la libertad de las presas y presos políticas/os, la denuncia a la implementación de políticas que abonan a la impunidad y la desmemoria, así como la exigencia para que se aceleren los procesos judiciales y se ponga un freno al otorgamiento indiscriminado de las prisiones domiciliarias a los genocidas.

 

Acá podes descargar el informe completo.